A la Presidenta de la República
Señora Laura Chinchilla Miranda.
Al Ministro de Justicia y Paz
Licenciado Fernando Ferraro Castro.
Frente a la gravedad de la
situación que viven los privados/as de libertad en el “Centro de Formación
Juvenil Zurquí”, la Red de Apoyo a la Población Penal Juvenil, las
organizaciones, instituciones y personas abajo relacionadas, demandamos que se
adopten por parte de las autoridades responsables todas las medidas necesarias
e inmediatas para su solución.
Evolución de la
problemática:
A partir de 1996 con la
aplicación de la Ley de Justicia Penal Juvenil, se racionalizó la privación de
libertad, reduciéndose a aquellos hechos relacionados directamente con delitos,
dejando de lado los casos que se catalogaban como de la situación irregular;
esta evolución registró entre los años 2000 y 2009 un promedio de 37
adolescentes y 39 adultos jóvenes privados de libertad1, para un total promedio anual de 76.
En los dos últimos años se
registra un incremento en la privación de libertad de más del 300% y del uso de
penas extremas de 10 y 15 años, trayendo como consecuencia la grave situación
de hacinamiento que se vive en el “CENTRO DE FORMACION JUVENIL ZURQUI”, donde
se pasó de los 37 privados/as de libertad antes mencionados, a la cifra de 2122. En este centro, para cumplir los mandatos de la
Convención sobre los Derechos del Niño, solo se recluía a adolescentes; ahora
que los adolescentes se han triplicado además se agrega a la reclusión de 100
adolescentes, la de 112 jóvenes adultos/as.
Costa Rica era vista en
Latinoamérica, como el país que mejores avances mostraba en el cumplimiento de
los estándares internacionales para la Justicia Penal Juvenil, hoy toda esa
imagen de país respetuoso de los Derechos Humanos se deteriora gravemente, en
razón de lo que sucede con el sistema penitenciario y particularmente con el
trato a las personas adolescentes en conflicto con la ley penal.
La situación de Privados/as de Libertad:
En el Centro
los proyectos y programas han prácticamente colapsado por el hacinamiento, este
ha propiciado una serie de hechos violentos en los cuales los privados/as de
libertad exigen mayor atención o solución a alguno de los problemas que
diariamente viven. Como el sucedido este 20 de setiembre en este centro,
resultando lesionados varios privados de libertad y policías penitenciarios. La
violencia se ha incrementado notablemente y sirva ella para advertir el riesgo
de graves incendios como los ocurridos en Honduras y Panamá3.
Los programas
de atención, de trabajo social, psicólogo/a, educación formal4 recreación, salud, seguridad etc, se han visto gravemente
afectados y se han reducido drásticamente, pues la cantidad de adolescentes y
jóvenes sobrepasa la capacidad con que se cuenta para su atención. Ante el
incremento de la violencia entre los propios privados de libertad, los espacios
para su separación y clasificación se han agotado, teniéndose que recurrir a
improvisar dormitorios o celdas en espacios y salas que se tenían para otros
fines. En uno de los sitios pensado por la Dirección para 25 jóvenes se
encuentran 65.
La modalidad
bajo la cual reciben las visitas de sus familiares, se ha afectado ante la
insuficiencia de personal de seguridad y el incremento y heterogeneidad de la
población, por lo que el centro se ve obligado a concentrar los espacios de
visita, en los propios ámbitos de encierro y no en espacios adecuados que
permitan un mínimo de privacidad para la reunión familiar. Violentándose el
artículo 93 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles.
Como se ha
señalado: “La sobrepoblación a su vez, además de ser un grave mal en si misma,
incide negativamente sobre todas o casi todas las funciones esenciales de los
sistemas penitenciarios. En situación de sobrepoblación la higiene es peor, la
salud es peor, la comida es peor, el descanso es peor o imposible, la seguridad
es peor, tanto la seguridad en cuanto a fugas como la seguridad personal de
quienes están privados de libertad y del personal penitenciario.”5
Puntualizamos
consecuencias del hacinamiento:
Ø 42 jóvenes carecen de visita y de
quien les provea para satisfacer sus necesidades más básicas (personales).
Ø El exceso de espacios para cubrir con
vigilancia (11)
Ø Mayor demanda de atención técnica
Ø El Trasiego de drogas
Ø Mayor riesgo de incidentes críticos
Ø Vinculaciones afectivas entre hombres
y mujeres que demanda espacios de visita íntima.
Ø Reducción del espacio de cada grupo y
sus actividades diarias.
Ø Exclusión escolar de población menor
de edad y adulta joven en internamiento provisional.
Ø Los jóvenes continúan viviendo exceso
de encierro. Hay disminución de actividad laboral, deportiva y recreativa,
incluso religiosa, por problemas de cobertura de seguridad.
Ø Incluso las personas adultas jóvenes
no cuentan con plaza laboral remunerada.
Ø Dificultad ante las zonas en las que
se realiza la visita.
Ø Se carece de televisores, equipos
para escuchar música, etc
Ø Escasez de pasta de dientes, papel
higiénico, cepillos dentales, jabón en polvo, ropa, toallas sanitarias, jabón
de baño, escobas etc.
Ø Escasez de balones para futbol y
basquetbol e implementos deportivos.
Urgen
decisiones por parte de las Autoridades Responsables:
Urge pues que
las autoridades asuman sus inmensas responsabilidades con la situación de
hacinamiento que se vive; la presidenta de la República y el Ministro de
Justicia deben canalizar con urgencia los recursos necesarios para hacer frente
a esta grave crisis. El Poder Judicial no puede limitarse a imponer largas
sanciones y endurecer gravemente el sistema penal juvenil, tiene que actuar en
favor de que aparezcan efectivamente los recursos destinados a resolver el
hacinamiento y a los programas socioeducativos que la ejecución de las
sanciones demanda. La Defensora de los habitantes debe actuar drásticamente,
para que los funcionarios/as actúen dando cumplimiento a principios como el de
Interés Superior del Niño, que se ve altamente vulnerado con lo que sucede en
este centro concebido para personas adolescentes.
Suscriben:
·
Red
de Apoyo a la Población Penal Juvenil
·
Defensa
de Niñas y Niños Internacional-DNI-CR
·
Fútbol
por la Vida
·
Proyecto
TCU-UCR de apoyo a la población penal juvenil
·
Proyecto
Núcleo de Administración de Justicia-Trabajo Social UCR
·
Ministerio
Amor en la Calle, Sonia Brenes Mejías
·
Comunidad
ZOE, Carlos Córdoba Alpizar
·
Visión
Mundial – Costa Rica
·
Push The Rock - Natalia Gomez Araya
·
Ana
Victoria Molina Alfaro, María José Masis Méndez, Anita Cajiao Arce, Eduardo
Olmos Campos, Gerardo Herrera Centeno
CC: Corte
Suprema de Justicia
Defensora
de los Habitantes
Patronato
Nacional de la Infancia-PANI
Comisión
Niñez, Adolescencia y Juventud, Asamblea Legislativa
1 Ver cuadro No.21 del Anuario
Estadístico 2009 del Ministerio de Justicia y Paz.
2 Dato proporcionado por la Directora
del centro el día 24 de agosto de 2012. Esta cifra se descompone en 100
adolescentes y 112 jóvenes adultos.
3 El incendio en Honduras sucedió en la
cárcel de Comayagua el 14 de febrero de 2012; el de Panamá en el Centro de
cumplimiento de “Menores” el día 9 de enero 2011.
4 Para 107 con detención provisional no
se está impartiendo educación.
5 Carranza Elías (coordinador), “Cárcel
y Justicia Penal en América Latina y el Caribe: cómo implementar el modelo de
derechos y obligaciones de las Naciones Unidas.” 2009 Pág. 65
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